La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha impuesto una sanción de $7.000 millones a la Electrificadora del Huila (Electrohuila) debido a prácticas anticompetitivas en sus procesos de contratación. Esta situación pone de relieve la importancia de la transparencia y la competencia justa en el mercado.
La SIC encontró que Electrohuila había establecido barreras desproporcionadas e injustificadas, limitando la participación de otros oferentes en un total de 55 procesos de invitación pública. Estas restricciones surgieron a raíz de la imposición de condiciones que contravenían los principios básicos de la contratación pública.
Restricciones a la libre competencia
Una de las prácticas más controvertidas fue el cobro por derecho a participar en los procesos de invitación pública. Electrohuila implementó diferentes parámetros de pago, lo que resultó en un desincentivo para que otros oferentes se unieran a la competencia. Este enfoque no solo va en contra del manual de contratación de la misma empresa, sino que también limita la libre competencia en el mercado.
Además, la SIC destacó que se prohibió la presentación de ofertas a través de uniones temporales o consorcios, lo que complicó aún más la situación. Esta restricción impidió que agentes interesados formaran alianzas estratégicas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la electrificadora.
Ante esta situación, la gerencia general de Electrohuila tomó medidas correctivas al suspender las condiciones restrictivas identificadas en su manual de contratación. Se eliminó el cobro por el derecho a participar y se permitió la inclusión de figuras plurales en los procesos, lo que resultó en una reducción sustancial de la sanción impuesta.
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