¿Sabías que contratar a personas que han estado privadas de la libertad puede generar beneficios tributarios para tu empresa? El Gobierno colombiano ha propuesto una normativa que transforma esta acción en una oportunidad para contribuir a la justicia social y al mismo tiempo acceder a incentivos económicos.
Un paso clave hacia la inclusión laboral
El Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de resolución que establece el procedimiento para que las empresas accedan a beneficios establecidos en la Ley 2208 de 2022, también conocida como la Ley de Segundas Oportunidades. Esta ley busca fomentar la contratación de personas pospenadas o que cumplen penas bajo modalidades especiales, promoviendo su reintegración social y laboral.
Este esfuerzo se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que prioriza la equidad, la inclusión y la dignificación de poblaciones tradicionalmente excluidas del mercado laboral.
¿Quiénes pueden acceder a estos incentivos?
El proyecto establece que las empresas con más de 100 trabajadores podrán postularse para recibir estos beneficios, siempre que vinculen a personas beneficiarias mediante contratos a término fijo o indefinido.
La solicitud deberá incluir información detallada que será verificada por las autoridades penitenciarias, con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos por parte de los trabajadores vinculados.
Enfoque de género: una condición adicional con impacto
Uno de los puntos destacados del proyecto es su enfoque de equidad de género. Para acceder a ciertos beneficios adicionales, al menos el 60% de las personas contratadas deberán ser mujeres o personas transgénero, promoviendo así una contratación más inclusiva.
En caso de incumplimiento por ejemplo, desvincular a los trabajadores antes del tiempo acordado o incluir información falsa en las solicitudes las empresas perderán los beneficios y deberán devolver el dinero recibido, incluyendo intereses. También podrían enfrentar acciones legales. Supervisión y protección de datos
La Superintendencia del Subsidio Familiar será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento correcto del programa. Además, todas las entidades involucradas deberán garantizar el respeto a la normativa de protección de datos personales durante el proceso.
Este proyecto representa una oportunidad valiosa tanto para el sector empresarial como para la sociedad en su conjunto. Al contratar personas pospenadas, las empresas no solo acceden a beneficios fiscales, sino que también aportan a un país más justo y solidario.
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Soy Contadora Pública con más de 5 años de experiencia en el sector contable, especializada en gestionar y actualizar información fiscal. Tengo una fuerte orientación hacia las tecnologías digitales, lo que me permite optimizar procesos y mantener a los contribuyentes al día con las normativas fiscales. Mi enfoque está en ofrecer soluciones precisas y actualizadas para la gestión tributaria en el sector contable.
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