Un cambio reciente en la reforma pensional ha encendido las alarmas en el sector financiero colombiano. El nuevo decreto reglamentario excluye ciertos vehículos de inversión, lo que podría tener implicaciones profundas en el desarrollo económico del país.
¿Qué implica la exclusión de activos alternativos?
La segunda versión del decreto de la reforma pensional prohíbe que los recursos del sistema se inviertan en activos alternativos como fondos de capital privado, fiducias y titularizaciones. Según Paola García, directora ejecutiva de ColCapital, esto limita las posibilidades de financiar proyectos estratégicos en todo el país.
En los últimos 13 años, se han canalizado más de US$22.000 millones a través de estos instrumentos, beneficiando a más de 1.600 empresas y generando alrededor de 400.000 empleos en 28 departamentos. El freno a estas inversiones representa un retroceso para las regiones y la economía en general.
Los fondos de inversión han sido una vía eficaz para impulsar sectores como infraestructura, inmobiliario, emprendimiento y deuda privada. En 2025, seis nuevos fondos estaban listos para entrar en operación con compromisos de capital por más de US$1.700 millones.
Además del impacto económico, la incertidumbre regulatoria genera preocupación entre los inversionistas internacionales. Cambios frecuentes en las reglas del juego pueden disuadir nuevas inversiones, especialmente en un contexto de incertidumbre política con más de 60 precandidatos presidenciales.
Colombia también enfrenta desafíos en cuanto a la salida de inversiones. A diferencia de mercados más desarrollados, en el país es difícil vender activos en bolsa, lo que complica el ciclo natural de los fondos privados.
Desde ColCapital se propone una corrección urgente: permitir la inversión en activos alternativos durante el periodo de transición, manteniendo al menos el 3% del portafolio que hoy destinan las AFP a estos instrumentos. La definición del régimen de inversión pendiente será clave para aclarar el panorama.
En resumen, el decreto pone en juego la continuidad de una industria joven pero crucial para el crecimiento del país. La claridad normativa y la apertura a la inversión alternativa son fundamentales para no perder el impulso logrado en la última década.»,
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