El sector público en Colombia se prepara para recibir el mayor aumento salarial de los últimos seis años, un acontecimiento que marcará un hito significativo en la economía de los trabajadores del Gobierno. Este ajuste, que afectará a más de un millón de empleados, incluirá un retroactivo del 7% desde enero de 2023, fruto de un acuerdo con las centrales obreras y sindicatos estatales.
Mejoras salariales a futuro son parte del acuerdo, que, según Blu Radio, contempla incrementos calculados en IPC + 1,8% para 2025 y IPC + 1,9% para 2026. Esto garantizará que los salarios de los empleados públicos se ajusten a la inflación con un margen adicional, mejorando así sus condiciones económicas.
El impacto del retroactivo
El retroactivo del 7% se basa en la inflación acumulada hasta 2023, sirviendo como un reconocimiento por el rezago en los ingresos de los trabajadores estatales. Con este aumento, el Gobierno busca fortalecer la capacidad adquisitiva de este sector vital para la administración pública.
El 2 de mayo se formalizará el incremento salarial y contará con la presencia de los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila. Aunque el aumento es significativo, no alcanza la propuesta inicial de los sindicatos, que solicitaban un ajuste equivalente a la inflación más cinco puntos porcentuales.
A lo largo de los años, los incrementos salariales han sido objeto de críticas por parte de los sindicatos. Desde 2019, estos aumentos han variado entre IPC + 1,32% y IPC + 1,9%, cifras que algunos sectores consideran insuficientes para compensar el impacto económico que enfrentan los trabajadores.
Las limitaciones presupuestarias han complicado estas negociaciones. Sin embargo, el ajuste para 2024 se presenta como un esfuerzo del Gobierno por ofrecer un aumento más generoso en comparación con años anteriores. Los sindicatos han manifestado que su objetivo es un incremento de IPC + 5%, lo que equivale a un 10,2% de aumento, una cifra que resalta la discrepancia entre las demandas laborales y la propuesta gubernamental.
Además del aumento salarial, los sindicatos han presentado un pliego con diversas solicitudes adicionales que tendrán un alto impacto fiscal. La negociación continúa, y el futuro de estos trabajadores públicos está en juego.
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