Cómo la mala gestión del agua en Colombia afecta tus derechos básicos

Cómo la mala gestión del agua en Colombia afecta tus derechos básicos

La situación del acceso al agua en Colombia es alarmante. A pesar de las importantes inversiones en el Sistema General de Participaciones (SGP), se han revelado irregularidades por $94.579 millones en la gestión de recursos destinados al agua potable y saneamiento básico entre 2020 y 2024. Estos hallazgos han sido señalados por la Contraloría, que detectó la intersección de la administración de Duque y Petro en este asunto crítico.

Las deficiencias en la planeación, junto con proyectos mal ejecutados, han dejado a millones de colombianos sin el acceso adecuado al agua. En Bolívar, por ejemplo, se registró un detrimento de $33.614 millones. Municipios como Santa Rosa de Lima y Villanueva enfrentan sistemas de acueducto y alcantarillado ineficaces, debido a estudios técnicos deficientes y proyectos desconectados de las necesidades locales, causando un daño fiscal de $2.775 millones.

Irregularidades que impactan a la población

Los hallazgos no se limitan a la mala gestión; también se han identificado 25 casos con presunta incidencia penal. En 2024, se gastaron $103.932 millones en actividades no autorizadas por ley, incluyendo la compra de gasolina y reparaciones no relacionadas con el agua.

  • Los subsidios entregados basados en información desactualizada han generado una ola de pagos indebidos.
  • Municipios como Tibú y Los Patios han sido destacados por sus errores en la asignación de subsidios, lo que ha intensificado la inequidad.
  • La falta de mantenimiento preventivo en los sistemas de agua y saneamiento ha comprometido su sostenibilidad.

La Contraloría enfatiza que para corregir este rumbo, se necesita una administración pública más rigurosa y transparente. Sin cambios significativos, los recursos seguirán perdiéndose en contratos mal gestionados y gastos injustificables.

Además, el Banco de la República advierte que, si no se corrigen estos problemas fiscales estructurales, el déficit del país podría aumentar drásticamente. Las transferencias del SGP, que actualmente representan el 20 % del presupuesto nacional, deben incrementarse para mejorar la situación y cerrar las brechas de pobreza.»,

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