La Procuraduría General de la Nación ha tomado una iniciativa crucial al solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la implementación de medidas que garanticen la continuidad en la entrega de subsidios de vivienda bajo el programa ‘Mi Casa Ya’.
Esta petición se realizó durante una mesa de trabajo que tuvo lugar en Bogotá el pasado 13 de mayo, donde también participaron representantes de importantes gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria).
El encuentro fue fundamental para evaluar no solo el desarrollo del programa, sino también su sostenibilidad a largo plazo. Uno de los principales temas discutidos fue la necesidad de asegurar los recursos necesarios para garantizar la operación del programa ‘Mi Casa Ya’ en las vigencias actuales y futuras.
La Procuraduría expresó su confianza en que se establecerán mecanismos efectivos que permitan cumplir con los subsidios de vivienda, enfatizando la importancia de agotar todos los esfuerzos necesarios para que estos apoyos lleguen a los hogares beneficiarios.
Desafíos y Propuestas para el Programa ‘Mi Casa Ya’
Durante la reunión, se puso sobre la mesa la necesidad de gestionar de manera oportuna el Plan Anual de Caja (PAC). La Procuraduría mostró preocupación por el estado actual de los desembolsos y solicitó información detallada sobre los Subsidios Familiares de Vivienda que aún están pendientes de ejecución.
Además, se planteó la importancia de contar con cifras exactas sobre la cantidad de subsidios que se pretenden otorgar en los años 2025 y 2026.
Otro aspecto crucial discutido fue la posible cobertura de la tasa de interés durante estos años. En este contexto, se sugirió establecer un seguimiento riguroso a los hogares que ya cuentan con preasignación del subsidio, exigiendo la presentación de informes periódicos que indiquen el estado de dichas asignaciones.
- Establecer un procedimiento claro y flexible para que los beneficiarios puedan cambiar de entidad financiera.
- Identificar con precisión a los hogares que necesiten cambiar de proyecto de vivienda.
- Asegurar la conservación de la reserva de los hogares beneficiarios.
La Procuraduría reafirmó su compromiso de garantizar la correcta implementación de las políticas públicas, asegurando así la protección de los derechos de los ciudadanos involucrados en el programa. Además, el Ministerio Público espera que el Ministerio de Vivienda garantice la seguridad jurídica y presupuestal del programa ‘Mi Casa Ya’, manteniendo la confianza y el interés de los ciudadanos que aspiran a beneficiarse de él.
La mesa de trabajo se llevó a cabo en el marco de acciones preventivas que la Procuraduría realiza para gestionar políticas públicas con un impacto social significativo. Las solicitudes formuladas buscan asegurar que el programa ‘Mi Casa Ya’ continúe operando con los recursos, herramientas administrativas y criterios técnicos necesarios para cumplir con sus objetivos.
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